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Noticias - Noticias Web - 26/04/2014

Vulneración de la Ley de Protección de Datos con la instalación de cámaras de video-vigilancia en las aulas del colegio Embajador Beltran

iMG

Y es que saltaron todas las alarmas cuando el padre de un alumno de 2º de infantil del colegio Embajador Beltrán, se percató de la instalación de cámaras de seguridad en el aula donde su hijo y la de los demás niños desarrollan diariamente sus actividades educativas y es cuando éste con fecha 10 de marzo insta mediante escrito dirigido al colegio y a Conselleria (Directora Territorial de Cultura y Deporte) a que se eliminaran las cámaras de cualquier lugar donde se desarrollara docencia en el centro, dado que estas cámaras no legitiman su uso por criterios de seguridad y  que se estaban vulnerando la Ley de Protección de Datos, tal y como viene contemplado en el artículo 13 de RDLOPD, que exige de la autorización paterna, materna o del representante legal.

Así mismo manifestaba la falta de los correspondientes carteles informativos donde se informara de la captación y/o grabación de dichas imágenes en el centro.

Según consta en los escritos presentados, la directora del Centro Embajador Beltrán argumentaba que la instalación de las cámaras había sido realizada por el Ayuntamiento, del mismo modo que las instalaciones educativas eran también del propio Ayuntamiento, por lo que competía al mismo.

Estos hechos, referente a la instalación de cámaras en las aulas del colegio, son denunciados en la Agencia de Protección de Datos y  también en el Cuartel de la Guardia Civil de Almassora, en cuanto a que se estaban vulnerando la LO 15/1999 de Protección de datos de carácter temporal.

Es cuando a partir de estos hechos, el propio colegio convoca a una reunión informativa por parte de los responsables de Seguritas (Empresa que contrató el servicio de vigilancia) con la finalidad de dar a conocer “del nuevo sistema de alarma instalado por el Ayuntamiento de Almazora” en el colegio, según se extrae del propio escrito.

Y es en la reunión informativa, cabe decir que no por los responsables de Securitas sino por el propio comercial que vendió el sistema, donde a los padres les dejaron bien claro que el sistema tenía habla-escucha silenciosa y que se podía en todo momento solicitar foto-petición, aún estando sin conectar y que se podía captar imágenes de los alumnos a petición de la persona o personas que tuvieran usuario y contraseña a través de la aplicación My Verisure.

El comercial afirmaba también que al fichero de datos solo tenía acceso el Ayuntamiento y en breve la policía y que nadie más tendría acceso.

Incluso llegó a decir que no tenía por que ponerse ningún cartel advirtiendo de la Captación o Grabación de imágenes, pese a estar éstas instaladas en el centro y no haber pedido autorización alguna.

De todo ello se solicita al comercial copia escrita de todo cuanto dicho, quien a la petición responde que todo es legal y que no puede facilitarles tal escrito.

Dejando un mar de dudas en cuanto a quien tenía acceso a las imágenes y quienes eran los encargados de la gestión de los ficheros, aún cuando además a ningún padre se les había solicitado autorización.

En la misma reunión, la Jefa de Estudios del Centro y al mismo tiempo Concejala de Educación en el Ayuntamiento de Almassora, expone que el centro en ningún momento había dado autorización para la instalación del sistema y que no era consciente de nada en cuanto al cumplimiento de la ley, que solo era decisión del propio Ayuntamiento su instalación y que no sabía nada más.

El padre que en todo momento intentó buenamente llegar a un acuerdo que satisfaciera ambas partes mediante contactos e instancias, tuvo que llegar ha interponer finalmente las correspondientes denuncias, fruto de las presiones exteriores a las que se estaba viendo sometido por la propia Asociación de padres y madres del colegio, el mismo colegio y hasta de los órganos administrativos públicos como el Ayuntamiento de Almassora, que incluso a través de su departamento en éste área, le instó a que tomara las medidas oportunas que considerara para ejercer su derecho y la propia Conselleria, le han provocado una gran depresión a la que actualmente está tratando de sobreponer incluso con un periodo de inactividad laboral, por tratar de defender lo que en derecho tiene por justicia.

Llegado a éste límite, la Conselleria, a través de la Inspectora de Educación, contactó con el padre para que éste retirara la denuncia y que miraría de ver como restituir el daño causado, quien alegó que era ya demasiado tarde que el daño causado había sido muy grave hacia su persona, cuando incluso se le había tratado de loco y que ahora debían ser los órganos competentes y la justicia quien actuara.


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